Para Cuba, eso nunca podrá suceder mientras Washington siga ocupando Guantánamo y no ponga fin a más de cinco décadas de embargo económico. Tanto que, para el canciller Bruno Rodríguez, los eventos de esta semana, con reapertura de embajadas incluida, “no tendrán sentido” mientras esas dos ‘anomalías’ no sean resueltas.
El problema es que la solución no parece estar a la vuelta de la esquina. El secretario de Estado, John Kerry, ni se inmutó cuando le dijo a Rodríguez durante la rueda de prensa en Washington que EE. UU. no tenía planes de devolver el territorio que ocupan en Guantánamo y que el embargo, si bien debe desaparecer, seguirá en vigor durante meses, sino años, mientras se resuelven disputas políticas que son internas.
La disputa por Guantánamo se remonta a la guerra entre España y Estados Unidos de 1898, cuando EE. UU. intervino en favor de los cubanos que buscaban la independencia y sus tropas desembarcaron en la bahía de Guantánamo buscando refugio de un huracán.
Ese mismo año, España, tras capitular, entregó a Washington el control de Cuba a través del Tratado de París, donde también le cedió a Puerto Rico, Guam y Filipinas. Pocos años después, ambos países firmaron un tratado (el Tratado Cubano Americano), en el que el gobierno de la isla cedió la jurisdicción de 120 kilómetros cuadrados de la bahía para que los estadounidenses establecieran una base naval y un centro de abastecimiento de combustible. Por el arriendo, Washington pagaría 2.000 dólares anuales. Pero en el tratado, y de allí el obstáculo que se presenta hoy, se estableció que el contrato solo podría ser roto si ambas partes estaban de acuerdo o si EE. UU. decidía voluntariamente abandonarlo. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del acuerdo con Panamá por el canal, que le concedió a EE. UU. usufructo por cien años (al cabo de los cuales Washington tuvo que abandonar el istmo), el de Cuba es por tiempo indefinido.
En 1934, el tratado se renovó, estableciendo un nuevo arrendamiento por 4.085 dólares que desde entonces paga Estados Unidos y que hoy equivaldrían a más de 50.000 dólares.
Con el triunfo de la revolución en 1959, el nuevo gobierno de Fidel Castro declaró ilegal la presencia de EE. UU., alegando que el tratado se había firmado cuando Cuba aún no era soberana. Pero Washington ha ignorado los reclamos y sostiene que Castro lo ratificó al cobrar uno de los cheques del arrendamiento. El gobierno de la isla sostiene que ese cobro se hizo por error y que desde entonces no ha vuelto a consignar los cheques.
Pero más allá de vericuetos legales, el tema de fondo es que Guantánamo sigue siendo una base militar estratégica para EE.UU. donde está anclada la Cuarta Flota de la Armada y desde la cual puede hacer presencia en el Caribe.
Así mismo, es clave para las operaciones antidrogas y sirve como centro de detención temporal para inmigrantes indocumentados que son capturados en altamar. Y, desde el 2002, también opera como cárcel para muchos de los capturados en las guerras de Irak y Afganistán.
Pero de acuerdo con el ex jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, eventualmente Estados Unidos tendrá que devolver el territorio. Entre otras razones porque se trata de una contradicción geopolítica, ya que no existe otro lugar en el mundo donde Washington ocupe un territorio sin que el país anfitrión lo desee. Además, dice Stavridis, pese a lo importante, “las funciones de la base podrían ser suplidas con otras instalaciones en Puerto Rico y Florida”.
La dificultad de fondo, en otras palabras, es más bien política. Pero no por eso es menor.
El presidente Barack Obama, que ya de por sí se arriesgó al entablar relaciones con Cuba, podría ser duramente cuestionado si, además, termina devolviendo voluntariamente el control de Guantánamo a un país donde aún reina el comunismo. Y en el Congreso, controlado por republicanos, tampoco existe el menor interés en hacerle concesiones al régimen de los Castro. Así mismo, aún está por resolverse el tema de la prisión, que tendría que ser cerrada antes de un eventual desalojo de la base. Esta semana, la Casa Blanca indicó que trabaja en un plan cuyo fin es su cierre definitivo. Pero eso es poco probable que avance, ya que tiene que ser aprobado por una mayoría legislativa que se opone a que los presos restantes sean transferidos a EE. UU. u otros países donde podrían ser liberados.
Curiosamente, el embargo, que sobre el papel parece un escollo más difícil de superar, tiene mejores opciones de resolución que la compleja madeja que enreda a Guantánamo.
Desde 1996, cuando fue aprobada la Ley Helms Burton, quedó establecido que el embargo solo podía ser levantado por una acción del Congreso. Aunque Obama y otros presidentes anteriores usaron su poder ejecutivo para suavizar sus términos, en el legislativo, nunca ha existido el ambiente como para dar el paso. Eso, entre otras cosas, dado el peso político que a lo largo de las décadas se les ha atribuido a los votantes cubanoamericanos que por tradición se oponían al levantamiento del embargo.
Pero los vientos están cambiando. Según una encuesta reciente del Pew Center, el 72 por ciento de los estadounidenses favorecen el fin del bloqueo. Incluso, según este mismo sondeo, el 59 por ciento de los republicanos estarían a favor.
Otro estudio reciente del Atlantic Council concluía que una mayoría de cubanoamericanos, impulsados por las nuevas generaciones, también aprobarían su eliminación. Así mismo, el sector empresarial, muy cercano a los republicanos, está empujando por que se eliminen las restricciones que hoy les impiden hacer negocios con la isla.
El conjunto de estas tendencias, sumado a las acciones de Obama, han generado una oleada de iniciativas en el Congreso que, si bien no eliminan el embargo del todo, sí se mueven en esa dirección. La última de ellas, esta misma semana, cuando demócratas y republicanos aprobaron una serie de enmiendas que levantarían por un año la prohibición que existe de viajar a Cuba, entre otras cosas.
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